Ecuador
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Ecuador y su Revolución Ciudadana es una de las respuestas latinoamericanas más contundentes al neoliberalismo mundial. A esta afirmación debemos añadirle que también lo es exitosa. El gobierno de Correa, parte esencial del ALBA ha logrado importantes victorias frente al conservadurismo y al capitalismo mundial, entre las que de forma paradigmática, se sitúa su auditoria de la deuda y la nueva Constitución, que fue la primera en introducir un concepto tan importante, como el del buen vivir, frente al consumismo, destructor de mentes y espíritus como genocida del planeta tierra.
Pero si algo hay que agradecer a los mandatarios y mandatarias progresistas latinoamericanos desde el resto del mundo y desde Europa en especial, es su claridad de ideas y de acciones. Correa es muy claro y además posee la autoridad de su doctorado en economía y su profundo conocimiento del funcionamiento del capitalismo financiero. También la de sus victorias electorales frente a la oligarquía ecuatoriana. Por eso en su reciente gira por la vieja Europa, se ha permitido dar lecciones -afirma, que sin pretenderlo- a unos mandatarios torpes, reaccionarios y neoliberales, que nos conducen irremisiblemente al abismo social.
Escuchando al presidente Correa en Valencia, no pude sino sentir envidia del pueblo ecuatoriano. Lo que Correa afirmó, es lo mismo que desde el estado español llevamos tiempo afirmando y denunciando todos y todas las activistas sociales antineoliberales y anticapitalistas y es sencillamente, que para el neoliberalismo imperante en Europa, lo importante son los bancos privados, no las personas. La mal llamada deuda pública -la mayor parte de ella privada en realidad- cuyo pago a costa de recortes y austeridad contra los de abajo, se ha situado en el Estado Español, incluso con rango constitucional por encima de los derechos humanos.
Latinoamérica advierte con contundencia: Están cometiendo los mismos errores que cometieron las oligarquías derechistas en su continente en los años ochenta y noventa del siglo pasado. La crisis en consecuencia, se profundizará y el empobrecimiento de las clases populares producirá mucho sufrimiento.
Se puede salir de la crisis capitalista, claro, Correa lo afirma a voz en grito, desde los distintos escenarios de encuentro con Latí americanos y ecuatorianos en particular, que ha tenido estos días de gira por tierras de este bananero Reino. Pero haciendo justo lo contrario de lo que se está imponiendo desde todos los gobiernos europeos, lacayos todos, del capitalismo financiero.
Lo que Correa no podía hacer en calidad de jefe de estado extranjero de visita, es llamar a la revolución ciudadana en nuestro Reino, corrupto y empobrecido por sus gobernantes y sus banqueros. Pero nosotras y nosotros si podemos, es decir si se puede.
La crisis tiene soluciones, si. Pero la solución ni es más neoliberalismo, ni es menos democracia. La crisis capitalista tiene un origen político y solo tiene una solución política. Esto muchas y muchos llevamos tiempo afirmándolo, pero es de agradecer que el presidente ecuatoriano, lo recalque también en el desierto europeo de forma alta y clara.
Como recientemente ha afirmado Ignacio Ramonet, Europa tiene mucho que aprender de Latinoamérica y yo añadiría de forma especial, esencial, de los estados del ALBA.
Un país endeudado y sometido a los dictados de organismos financieros internacionales; con una clase política mediocre, corroída por la corrupción y detestada por la opinión pública; una desconfianza general hacia las instituciones; un Estado desprovisto de soberanía monetaria; con un sistema bancario estafador y ladrón; un paro masivo; una infame ley de hipotecas y miles de desahucios… ¿Hablamos de la España de hoy? No, del Ecuador de antes de 2006, de antes de la “revolución ciudadana” impulsada por Rafael Correa, brillantemente reelegido presidente el pasado 17 de febrero (1).
Cuando Correa triunfó por primera vez, en noviembre de 2006, el Ecuador estaba saliendo de una década de crisis, protestas e inestabilidad. Con tres presidentes (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez) derrocados por insurrecciones populares, una quiebra masiva del sistema financiero, una banca corrupta, un endeudamiento colosal, huelgas generales, insurrecciones indígenas y revueltas sociales de todo tipo. El país parecía ingobernable. Hasta que llegó este economista poco convencional, forjado en el trabajo social y solidario cerca de los pueblos originarios, impregnado de las tesis de justicia de la Teología de la liberación, formado en universidades de Bélgica y Estados Unidos, simpatizante y asiduo del Foro Social Mundial y adversario declarado de la política de “ajustes estructurales” impulsada, en los años 1990, por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en toda América Latina.
Para su primera campaña electoral, Rafael Correa fundó el movimiento Alianza PAIS (Patria Altiva i Soberana) y propuso un referéndum para una Asamblea constituyente que redactase una nueva Constitución. Ganó. Y en su discurso de toma de posesión anunció con claridad cuál sería su proyecto para Ecuador: “La lucha por una ‘Revolución Ciudadana’, consistente en el cambio radical, profundo y rápido del sistema político, económico y social vigente”.
Y cumplió su promesa. Lo que le valió, el 30 de septiembre de 2010, una tentativa de golpe de Estado que a punto estuvo de costarle la vida (2). Pero también le deparó el apoyo arrasador de la mayoría de los ecuatorianos. Entre elecciones y referendos, la del 17 de febrero es la novena victoria en las urnas de Rafael Correa. De tal modo que este joven presidente, que aún no ha cumplido los cincuenta años (nació en abril de 1963), se ha convertido en uno de los líderes indiscutibles de la nueva América Latina. En sus seis años de gobierno, “refundó –como dice él– la patria” con la nueva Constitución (aprobada por referéndum en 2008), inició la era del ‘Buen Vivir’ (3), renegoció con éxito la deuda externa de su país y frenó los estragos del neoliberalismo confiriéndole al Estado un papel decisivo en lo económico y lo político. Ahora, su mandato irá hasta 2017, y entonces cumplirá una década en el poder.
Nos encontramos con él, en Quito, unos días antes del escrutinio. En una reunión con los observadores independientes internacionales invitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para dar testimonio de la pulcritud democrática de la elección (4).
Con el objetivo de consagrarse plenamente a la campaña y no ser acusado de usar bienes públicos, Rafael Correa decidió descargarse de la función ejecutiva de la Presidencia y solicitar a la Asamblea nacional una licencia de 30 días durante los cuales esa función sería ejercida por el vicepresidente Lénin Moreno. Un rasgo de honradez política que, a escala internacional, resulta insólito y ejemplar. Ninguna ley lo conminaba a ello. Excepto su propia exigencia ética.
Empieza su conversación citando a Eloy Alfaro (5): “No buscamos nada para nosotros, todo para el pueblo”. “Aquí –añade Correa– ya no manda el FMI, ni la oligarquía; aquí ahora manda el pueblo. Y si éste nos apoya es que hemos hecho lo que prometimos: escuelas, hospitales, carreteras, puentes, aeropuertos… A pesar de las campañas mediáticas de deslegitimización contra nosotros y de los ataques de una prensa sin escrúpulos, vamos a ganar estas elecciones –las más democráticas y transparentes de la historia del Ecuador– de manera arrolladora. Pero no las vamos a ganar para recrearnos en el éxito; las vamos a ganar para gobernar mejor y para ahondar los cambios que venimos impulsando”.
En sus seis años de gobierno, Rafael Correa ha transformado efectivamente su país. Como ningún otro gobernante ecuatoriano antes que él. Cuatro indicadores económicos resumen, mejor que mil palabras, el triunfo de su política: en toda la historia de Ecuador, la tasa de inflación nunca fue más baja; el crecimiento nunca tan elevado; el desempleo tan reducido y el salario real tan alto. Los emigrantes que, huyendo del derrumbe español, regresan a Ecuador sienten mejor que nadie el nuevo bienestar económico. Constatan que se acabó el caos, el desmadre y la fragmentación política; que hay estabilidad y equidad social con dignidad; un gobierno de verdad que ha disciplinado a las clases pudientes; un gobierno de izquierdas pero desprovisto de los excesos ilusorios del izquierdismo palabrero; en suma, un gobierno de izquierdas que está transformando para siempre el Ecuador.
Bastaba pasearse por las calles de Quito o de otros lugares del país, asistir a algún mitin del presidente Correa para sentir el excepcional efecto de su carisma, el fervor de la gente, la bulliciosa adhesión popular a su persona, a su programa y a los principios de la “revolución ciudadana”.
“Aquí –dice Correa– todo se había convertido en mercancía. Mandaban los bancos y los inversores extranjeros. Se había privatizado la sanidad, la enseñanza, los transportes,… ¡todo! Eso se terminó. Volvió el Estado y ahora garantiza los servicios públicos. Estamos invirtiendo el triple en presupuestos sociales, salud, escuela, hospitales gratuitos…. Hemos acabado con el neoliberalismo. Una izquierda moderna no puede odiar el mercado, pero el mercado no puede ser totalitario. Por eso hemos cambiado radicalmente la economía, ahora es la sociedad la que dirige el mercado y no lo inverso. El ser humano es lo primero, antes que el capital. Cambiamos la ley de hipotecas, que era igual que la española, y pusimos fin a los desahucios. Dijimos: ‘¡No pagamos la deuda!’, y conseguimos rescatarla por el 30% de lo que nos pedían. Hoy Ecuador es la economía que más reduce la desigualdad. Queremos vencer la pobreza. Hemos consolidado los derechos laborales de los asalariados y acabado con la tercerización, esa forma de esclavismo contemporáneo. Estamos haciendo una ‘revolución ética’, combatiendo la corrupción con mayor ahínco que nunca y con una consigna fundamental a todos los niveles: ‘¡Manos limpias!’. Ya no se permite la evasión fiscal. Nuestra revolución es también integracionista y latinoamericana porque estamos decididos a construir la Patria Grande soñada por Bolívar. Es asimismo una revolución ambiental. Nuestra Constitución es una de las pocas en el mundo –quizás la única– que reconoce los derechos de la naturaleza. Como lo digo a menudo: no estamos viviendo tiempos de cambio, sino un cambio de época. No se trata de superar el neoliberalismo, se trata, sencillamente, de cambiar de sistema. Y ese cambio exige la modificación de la relación de poder. Ir hacia un poder popular”.
Los resultados electorales obtenidos el 17 de febrero (más de 33 puntos de ventaja con respecto a su inmediato adversario) demuestran, primero, que las campañas de los opositores fueron mediocres, débiles, inexistentes (6). Y, sobre todo, que el apoyo al presidente Correa fue interclasista. No se limitó a una sola categoría social, subió en todos los sectores. “Porque esto –explica Rafael Correa con su voz extenuada y rota después de centenares de discursos– es un proyecto de unidad nacional. Estamos construyendo patria. Hemos hecho mucho –y nos hemos equivocado también, y mucho– pero lo principal se ha logrado. Aquí ya no manda la bancocracia, ya no manda la partidocracia, ya no manda el poder mediático, ya no manda ningún poder fáctico en función de intereses grupales, ya no manda el Fondo Monetario, ni las burocracias internacionales; aquí ya no mandan países hegemónicos. Hemos ganado con una presencia física en las calles, no sólo mía sino de todo el Movimiento Alianza País, recorriendo barrios y pueblos, valles y montañas, sierras y junglas. Hemos manejado la campaña con claridad. Lo he repetido y suplicado: ‘¡No me dejen solo!’, porque un presidente sin una mayoría neta en la Asamblea, es un presidente disminuido”.
En eso también, los electores le han respondido con un sostén arrasador. El presidente, que no tenía mayoría en la Cámara, dispondrá ahora del soporte de más de los dos tercios de los diputados… Con lo que podrá por fin hacer votar proyectos fundamentales como la ley de tierras, la ley de agua, la ley de cultura, la ley de medios de comunicación… En una palabra: gobernar para, como lo prometió en su campaña, “profundizar el cambio”.
(1) Los resultados de la elección presidencial, aún no definitivos a la hora del cierre de esta edición, son los siguientes: Rafael Correa (Alianza País) 57%; Guillermo Lasso (CREO, Creando Oportunidades) 23%; Lucio Gutiérrez (PSP, Partido Sociedad Patriótica) 6%; Mauricio Rodas (Movimiento SUMA, Sociedad Unida Más Acción) 4%; Alvaro Noboa (PRIAN, Partido Renovador Institucional Acción Nacional) 3,7%; Alberto Acosta (Unidad Plurinacional de las Izquierdas) 3,2%; Norman Wray (Movimiento Ruptura) 1,3%; Nelson Zavala (PRE, Partido Roldosista Ecuatoriano) 1,2%.
(2) Léase Ignacio Ramonet, “Entrevista con Rafael Correa”, Le Monde diplomatique en español, enero de 2011.
(3) El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, definió este concepto de la siguiente manera: “La ‘Revolución Ciudadana’ que vive el Ecuador está marcada por una premisa fundamental: la concepción y ejecución del ‘Buen Vivir’, una filosofía heredada de nuestras raíces indígenas y que encierra una enseñanza muy valiosa para estos tiempos convulsionados y agresivos con el entorno: el ‘Buen Vivir’ se funda en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza”.
(4) El Consejo Nacional Electoral (http://www.cne.gob.ec) es un organismo público, independiente del gobierno, que, junto con el Tribunal Contencioso Electoral (http://www.tce.gob.ec/jml/), tiene la misión de organizar las elecciones en Ecuador y garantizar su carácter democrático respetando la Ley orgánica electoral (http://aceproject.org/ero-en/regions/americas/EC/ecuador-ley-organica-electoral-codigo-de-la/view).
(5) Eloy Alfaro (1842-1912), militar, guerrillero y presidente de Ecuador en dos ocasiones (1895-1901 y 1906-1911), principal dirigente de la revolución liberal ecuatoriana.
(6) La del izquierdista Alberto Acosta (uno de los redactores del proyecto de ‘revolución ciudadana’, ex presidente de la Asamblea Nacional y antes muy cercano a Rafael Correa) fue particularmente decepcionante por sus gratuitas e insistentes acusaciones de “fraude electoral” y de “falta de democracia”.
Como España hoy, hace unos años, Ecuador era el país sudamericano que más parte de su presupuesto consagraba al pago de su deuda soberana. En 2005, Quito atribuyó el 40% del presupuesto público al pago de los intereses de la deuda mientras los gastos de sanidad y educación se reducían al 15%. Se satisfacía primero a los acreedores extranjeros, en detrimento de las necesidades fundamentales de la población. Un endeudamiento ilegítimo, una dependencia económica y financiera y un aumento de las desigualdades constituían las principales características de aquel Ecuador. Ante ese estado de hechos, en noviembre de 2006, a través de la vía electoral, los ecuatorianos llevaron a Rafael Correa a la presidencia de la República. Y con él todo cambió.
Al asumir el cargo en enero de 2007, Rafael Correa preconizó una “Revolución Ciudadana”, no violenta y democrática, que favoreciera la integración, la solidaridad y la equidad. Para alcanzar tales objetivos, era necesario asumir el poder a fin de transformarlo en poder popular, para provocar cambios en las estructuras desiguales existentes, puesto que el verdadero desarrollo sólo es posible a través de la modificación de las relaciones en el seno de la sociedad.
Correa decidió optar por la vía alternativa de dedicar los fondos estatales al gasto social y productivo, reduciendo de forma significativa la proporción del presupuesto asignada al pago de la deuda externa, y aumentando considerablemente la inversión humana. La realización de esta política fue posible gracias, en gran medida, a los resultados de la auditoría de la deuda externa y al rechazo de las deudas consideradas ilegítimas. Para lograrlo, Ecuador tuvo que atravesar un camino plagado de obstáculos.
En el periodo de 1982 a 2006, la deuda externa en su totalidad (privada y pública) no hizo más que aumentar. Las ligeras “correcciones” derivadas de las diferentes condonaciones y renegociaciones nunca llegaron a frenar su vertiginoso ascenso, que pasó de 241 millones de dólares en 1970 a 17.000 millones de dólares en 2006. Representó como media, en el conjunto del mismo periodo, casi el 61% del producto interior bruto (PIB). Ecuador padecía entonces una verdadera hemorragia: si se calcula la diferencia entre las sumas recibidas de los prestamistas extranjeros y las sumas reembolsadas, se constata que la transferencia neta respecto a la deuda era negativa.
En ese periodo, más de 13.500 millones de dólares salieron de Ecuador para reflotar a los diferentes acreedores extranjeros. Así pues, esa lacra se fue transformando en un instrumento de dominación y de expolio de los países deudores, concebido por y para los países acreedores y las instituciones financieras internacionales. Además, Quito transfirió más de mil millones de dólares a los organismos multilaterales –Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de desarrollo de América Latina, Fondo Monetario Internacional– y, sin embargo, su deuda aumentó.
Los intereses de la deuda representaban, en 2004, el 145% de los ingresos fiscales petroleros y, en 2006, el 200%… Si esta tendencia se hubiera mantenido, Ecuador hubiera agotado sus reservas petroleras en 25 años sin haber invertido esa riqueza en apoyar su desarrollo. Por otra parte, sólo el 14% de las sumas prestadas entre 1989 y 2006 se utilizaron para proyectos de desarrollo (agua potable, energía, irrigación, transportes, telecomunicaciones, infraestructura social y apoyo a las empresas). El 86% restante sirvió para devolver el capital y los intereses de la deuda externa.
El presidente Rafael Correa se comprometió a poner fin a semejante círculo vicioso del pago de la deuda y de acuerdos para la refinanciación de todo tipo. Para ello, creó la “Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público” (CAIC) el 7 de julio del año siguiente. El Gobierno pretendía de ese modo impulsar la identificación de las deudas ilegítimas, tanto con los acreedores multilaterales (BM, FMI, BID) como con los acreedores bilaterales. En base a los resultados de la auditoría, Ecuador renegociaría entonces el pago de la deuda externa. Decidió no pagar las deudas que no hubieran beneficiado a la población o que se hubieran contraído de forma fraudulenta, y emprender acciones jurídicas contra los responsables de la situación de endeudamiento.
La posición de Correa fue clara: la deuda externa se pagará en la medida en que no afecte a las prioridades del desarrollo nacional. Posición que no excluye la opción de una moratoria si la situación económica lo exige. El Gobierno se posicionó así como “país acreedor” frente a una deuda ya ampliamente pagada y de la cual una buena parte era ilegítima, lo que justificaba su no devolución.
Un ejemplo de deuda ilegítima fue la decisión del Gobierno noruego de anular la deuda ecuatoriana. A finales de los años 1970, la industria noruega de construcción naval se encontraba en mala situación. Oslo decidió poner en marcha una “Campaña de exportación de navíos” y se aprobaron numerosos préstamos sin considerar la realización efectiva de los proyectos previstos ni la capacidad de reembolso de los países deudores. De los 36 proyectos concluidos con 21 países, sólo dos consiguieron satisfacer su deuda. Ecuador fue uno de los países que no llegó a hacerlo. Gracias a la presión de activistas por la anulación de la deuda tanto en Noruega como en Ecuador, el Parlamento y el Gobierno noruegos terminaron por tomar conciencia de que tales actuaciones eran inadmisibles. El 2 de octubre de 2006, el ministro noruego de Desarrollo Internacional anunció la anulación de la deuda para los países que, como Ecuador, aún debían entonces 36 millones de dólares.
Las renegociaciones con los acreedores internacionales habían empezado en 1983 cuando la deuda comercial de las empresas privadas ecuatorianas pasó a ser responsabilidad del Estado, ya que éstas no tenían recursos para cumplir con sus obligaciones económicas (como pasa hoy en España con los bancos). El proceso de renegociación conoció diversas peripecias, pero las cosas no cambiaron realmente hasta que, en 2007, siete meses después de su elección, el presidente Correa decidió crear la CAIC. Las conclusiones mostraron que numerosos préstamos habían sido concedidos violando reglas elementales del derecho internacional.
Como ocurre hoy en Grecia, en Portugal o en España, esas condiciones de crédito aceptadas obligaron a Ecuador a iniciar reformas estructurales que garantizaran modelos de pago de la deuda, en detrimento del crecimiento económico y de los derechos sociales de la población.
Se llegó así a la sexta renegociación, en noviembre de 2008. Quito decidió suspender el pago de títulos de deuda con fecha de vencimiento, algunos para 2012, y otros para 2030. Rafael Correa propuso una reestructuración de la deuda, no por falta de dinero, sino porque existían indicios de ilegitimidad y de ilegalidad de la deuda. El Presidente Correa señaló que la renegociación debía tener en cuenta, no sólo las exigencias de los acreedores, sino también las demandas del Gobierno, tomando ante todo en consideración las posibilidades de pago del país, únicamente después de haber satisfecho las necesidades sociales del pueblo.
En junio de 2009, Ecuador consiguió readquirir títulos de deuda por valor de 3.200 millones de dólares por sólo 900 millones de dólares, es decir, con una reducción de entre un 65% y un 70% de su valor. Si tenemos en cuenta los intereses que Ecuador ya no tendrá que pagar, puesto que ha comprado títulos que vencen en 2012 y en 2030, el Tesoro Público ahorró en torno a 7 280 millones de dólares para los próximos 21 años. Esto ha permitido encontrar nuevos medios financieros y aumentar el gasto social en la sanidad, la educación, la ayuda social y el desarrollo de infraestructuras de la comunicación.
Como consecuencia, la deuda de Ecuador descendió de 17.475 millones de dólares en 2008 a 13.686 millones en mayo de 2011, lo que representa una reducción de 3.789 millones de dólares. El saldo de la deuda externa pública fue restablecido a 8.705 millones, mientras que el de la deuda privada quedó en 4.981 millones.
Esta actitud original y soberana del Gobierno responde a preceptos precisos inscritos en la nueva Constitución ecuatoriana aprobada por sufragio universal en septiembre de 2008. En especial, el artículo 290 somete todo endeudamiento futuro a las siguientes reglas:
1. Se recurrirá al endeudamiento público sólo cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes de la cooperación internacional sean insuficientes.
2. Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza.
3. Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructuras, o que tengan capacidad financiera de pago. Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa, siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para Ecuador.
La no devolución de la deuda decidida por Rafael Correa, le ha permitido a Ecuador ahorrar casi 7.000 millones de dólares (intereses incluidos), que se han reinvertido en el ámbito social.
Por otra parte, entre 2006 y 2011, el porcentaje del presupuesto estatal dedicado a la devolución de la deuda pasó del 24 al 7%, mientras que el relativo a los gastos sociales aumentó del 12 al 25%. Además, el crecimiento del PIB alcanzó una media del 4% desde 2006 y de un 7,8% en 2011, lo que permitió financiar el aumento de los salarios, las pensiones y la mejora general de las condiciones de vida.
En mayo de 2010, a raíz de un encuentro con el ex primer ministro griego Yorgos Papandreu, Rafael Correa le aconsejó, pero en vano, que Atenas dejase de pagar su deuda. Le explicó en términos simples pero significativos: “Es la lógica financiera: te caíste, me pagas más y más caro. Cuando la lógica del desarrollo tendría que ser: te caíste, pues te levanto y después ya veremos cómo nos arreglamos”. Reiteró este consejo el 8 de octubre de 2011 a los países europeos afectados por la “crisis de la deuda”, que no es más que un pretexto para la implementación de políticas austeritarias.
Si analizamos las medidas regionales, coherentes con las políticas mencionadas, se puede destacar que en marzo de 2007, siete países de UNASUR (Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Brasil y Uruguay) decidieron restablecer márgenes de maniobra creando el Banco del Sur, una institución financiera que dispondrá de una parte de las inmensas reservas –entre 7.000 y 20.000 millones de dólares– para el desarrollo del continente.
Y Ecuador añadió otros dos pilares a la nueva arquitectura financiera regional con la Declaración de Quito de mayo de 2007. Propone la creación de un fondo de estabilidad regional, el Fondo del Sur, y una unidad de cuenta común que abra el camino a la futura unión monetaria sudamericana. De ahí el SUCRE, o Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, boceto de una moneda común.
Tras cinco años de Revolución Ciudadana, Ecuador ha logrado encontrarse por primera vez en una situación que le permite realizar una distribución adecuada de la renta y la riqueza, promover la producción nacional, la integración regional, el respeto a los derechos de los trabajadores y la estabilidad económica.
Aunque todavía quedan objetivos por alcanzar, las cifras de la revolución productiva y económica son reveladoras de un cierto optimismo. El paro y los contratos precarios se han reducido, la pobreza ha disminuido. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Ecuador es el segundo país de la región que más ha reducido su índice de pobreza, que ha caído 9 puntos situándose en un 28,6%. En 2011, 650.000 personas salieron de la pobreza.
Gracias al crecimiento económico y a la gestión responsable de las finanzas, la deuda pública en relación al PIB ha descendido a su nivel más bajo en la historia. En octubre de 2011, se situaba en un nivel del 22% (14% de deuda externa y 8% de deuda interna). Ecuador ha conseguido imponerse a la deudocracia. Y ya no está en venta.
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