Y esto es lo que hay. Como sucede con los amigotes de Mariano, hay algún que otro colaborador que a sabiendas no hemos incluido en este selecto listado. Otra vez será.
Y esto es lo que hay. Como sucede con los amigotes de Mariano, hay algún que otro colaborador que a sabiendas no hemos incluido en este selecto listado. Otra vez será.
Podíamos quizá alargar algo más el listado pero como botón de muestra de cómo se las gasta Mariano a favor de sus amigos entendemos que puede servir. En un próximo capitulo la segunda parte de la saga de marianistas: Los colaboradores de pago.
Los destinos de Miguel Blesa y José María Aznar quedaron unidos cuando ambos preparaban las oposiciones al cuerpo de inspectores fiscales de Hacienda en la Academia CEU, de Madrid. Juntos estudiaron, juntos aprobaron y juntos ocuparon plazas en Logroño.
Cuando Aznar llegó a Moncloa se ocupó de poner al frente de grandes empresas privatizadas a personas de su confianza. Lo tenía más fácil con Caja Madrid, dado el poder electoral del PP en la Comunidad de Madrid y en los órganos de dirección de la caja. El puesto de presidente estaba reservado para su viejo amigo, Miguel Blesa.
Años después, el expresidente del Gobierno reclamó que los políticos «quiten sus manos» de las cajas de ahorro.
Con Blesa, Aznar tuvo que movilizar manos, brazos y piernas. Nombrarlo fue lo más fácil. Mantenerlo en el puesto, algo más complicado a causa de la guerra permanente de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón en Madrid. Ya fuera de Moncloa, Aznar intentó convencer sin mucho a éxito a Aguirre en noviembre de 2008 para que Blesa fuera reelegido.
El inmenso poder financiero de Caja Madrid convirtió a Blesa en un auténtico caudillo financiero del PP madrileño. «No se puede olvidar el poder. Se equivocan quienes creen que el puesto de Blesa interesa sólo por el dinero», explicó un sindicalista socialista a Ana R. Cañil. «Desde Caja Madrid se sueltan miles de millones de euros por toda la Comunidad y el Ayuntamiento en proyectos de todo tipo y eso da mucho mando en plaza. Pero también existen otros instrumentos de poder e influencia. La Fundación Caja Madrid y toda la obra social son un lugar de lujo. Dan un estatus entre el mundo de la cultura, ése al que siempre ha aspirado la derecha española por sus viejos complejos».
Blesa fue uno de los arquitectos de la burbuja inmobiliaria financiando todo tipo de proyectos de construcción puestos en marcha por empresarios cercanos al PP. Dejó a su paso un reguero de fracasos:
«Fue incapaz de reconocer la burbuja inmobiliaria que provocaría toda la crisis del sector y sus críticos le recuerdan varios errores de bulto durante su mandato: un crédito de mil millones de euros a la constructora e inmobiliaria Martinsa Fadesa, la fallida salida a Bolsa de la empresa en 2008, otro crédito de 26,6 millones al ex presidente de la CEOE y copresidente de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, la implicación de Caja Madrid en el ‘caso Gescartera’ o la dudosa utilización de lo que luego se conocería como las acciones preferentes.»
Alguno de estos agujeros han dado con los huesos de Blesa en prisión. Ha pasado mucho tiempo desde que Blesa asistió a la boda de El Escorial, esa que tuvo como contrayentes a Ana Aznar y Alejandro Agag. Era tan cercano a la familia del entonces presidente que también estuvo en la despedida de soltero de ambos cónyuges. Es otra de las víctimas de lo que Lucía Méndez llamó «la maldición de El Escorial».
El que fuera presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2009, Miguel Blesa, ha ingresado esta noche en la prisión de Soto del Real después de no abonar los 2,5 millones de euros de fianza que le ha impuesto el juez Elpidio José Silva, titular del juzgado de instrucción nº 9 de Madrid, por la compra en 2008 del City National Bank of Florida (CNBF). La caja pagó 927 millones de dólares por una entidad que valía 581, según estimaciones del Banco de España, con unas pérdidas que en este momento ascienden a más de quinientos millones de euros.
El juez tomó declaración a Blesa ayer a las 13,40 horas y decretó su ingreso en prisión por dicha compra que, en su opinión, ha llevado a Caja Madrid al colapso. La adquisición del City National Bank se ejecutó el 7 de noviembre de 2008, menos de dos meses después de que Lehman Brothers, el cuarto mayor banco de inversión de Estados Unidos, se declarara en bancarrota, pese a lo cual la entidad madrileña pagó 927 millones de dólares por él. La compra se llevó a cabo sin ningún estudio estratégico o de viabilidad previos, pese a “la cognición (algo más que una sospecha) de que la aventura inversora fracasaría”, dice el juez.
En el auto en el que justificaba la citación del expresidente de Caja Madrid, se alude a un informe del Departamento de Inspección del Banco de España fechado el 19 de abril de 2010, que sostiene que el precio de compra excedió del pagado anteriormente por el Banco Popular y el Banco Sabadell por la compra de sendos bancos domiciliados también en Florida. Asimismo, había constancia de que los servicios de inspección del Tesoro de los Estados Unidos habían constatado “déficits muy relevantes” en la supervisión del equipo directivo del banco que habían dejado la entidad en una situación de “alto y creciente riesgo estratégico”, sin capacidad para hacer frente a la competencia en la actual situación de crisis. Con estas evidencia, el Banco de España determinó que el ritmo de crecimiento propuesto en su día por Caja Madrid para los ejercicios 2009 a 2014 estaba “seriamente desorientado, e ignora manifiestamente la atonía económica imperante”.
Con estas premisas, los responsables de la adquisición del City National Bank of Florida pueden haber incurrir en un delito de administración desleal ante la evidencia de que no se realizó un análisis “mínimamente solvente de viabilidad y de riesgo asumible”; se pagó “un sobreprecio”, y se eludió el control de la Comunidad de Madrid. Para el juez esta manera de proceder “incurre, como poco, en un nivel de ignorancia deliberada constitutivo, al menos, de dolo eventual”, por parte de quienes “de sobra gozan de experiencia en materia bancaria a nivel de expertos, de tal modo que no puede basarse el error en la mera ignorancia, sino en el incumplimiento de protocolos de eminente relevancia a la hora de aquilatar el riesgo asumible”.
El juez dice que lo ocurrido no es un evento fortuito ni algo inesperado, sino de una ausencia total de diligencia en la gestión de los fondos de Caja Madrid, “en la hipótesis más favorable al imputado Blesa”, al que acusa de haber conducido al colapso a la entidad financiera. “En definitiva –dice el auto- aquí la ‘tormenta perfecta’ no dependió de constantes climatológicas, sino del propio proceder del imputado Miguel Blesa”.
El instructor dice que de lo instruido hasta ahora no puede dilucidarse “con la suficiente determinación, ni las personas intervinientes respecto de la conducta imputada con la adquisición del CNBF”, ni si las mismas habrían incurrido en un delito de apropiación indebida o un delito societario.
El mismo juzgado que investiga la compra del mencionado banco norteamericano por Caja Madrid mantiene imputados a Miguel Blesa y a Gerardo Díaz Ferrán, expresidentes de la CEOE, actualmente en prisión por el ‘caso Marsans’, por un crédito de 26,6 millones que la entidad concedió al empresario de manera irregular.
En fin, acabamos ya planteando dos dudas que ya nos surgieron con el charlatán de Arenas. ¿Todos los dineros recibidos de Génova 13 fueron o no registrados en sus correspondientes declaraciones de bienes y rentas como parlamentarios nacionales ? ¿Solicitaron o no autorización a la Comisión del Estatuto del Diputado para poder cobrarlos ?. La respuesta está en el viento pero de momento, si tomamos como referencia a un genovés contemporáneo suyo, como lo fue FAC, lo más que probables es que no lo hicieran. Muy pronto saldremos de dudas.
José María Aznar podría haber cobrado 16.755 euros, repartidos en tres recibos, cuando ya era presidente, lo que supone el incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades, pues en esas fechas -recoge así la documentación a la que ha tenido acceso El País– ya era presidente del Gobierno. Rajoy, Arenas, Aznar… Los dos sobresueldos en A del PP . Hoy Aznar ha desmentido esta información y ha anunciado nuevas acciones legales contra el diaro de Prisa.
El cotejo de los datos de Hacienda con los oficiales aportados por la nueva gerencia del Partido Popular permiten concluir -destaca El País– que José María Aznar cobró tres recibos en concepto de gastos de representación, cuando éste ya era presidente del Gobierno, incumpliendo así la Ley de Incompatibilidades vigente en 1996.
El partido, subraya el diario de Prisa, congeló sin embargo cualquier tipo de remuneración a otros miembros que ocuparon cargos en el primer Ejecutivo de Aznar. La ley vigente en aquel momento prohibía a los ministros y al presidente a recibir retribuciones dobles.
Según el informe de la Agencia Tributaria, Luis Bárcenas abonó a su presidente en ese ejercicio 12.174.073 pesetas -73.167- y le practicó una retención del 46%. Aquellos abonos, recuerda el diario madrileño, se hicieron entre el 31 de enero y el 17 de junio, cuando Aznar apenas llevaba mes y medio en Moncloa.
En la contabilidad oficial remitida al juez, correspondiente a este periodo, no aparecen ni el nombre ni apellido de Aznar -representa un cuadro-. Pero sí hay un código, el 053, al que se le atribuyen 16 ingresos con distintas cantidades que suman exactamente 12.174.073 pesetas.
Víctor Madera es el presidente del consejo de administración de Capio Sanidad SL, consejero delegado y accionista del entramado Capio en el Estado español. Responsable, cabeza visible y ejecutor de la política privatizadora de la sanidad pública.
De origen asturiano, tiene 51 años. Vive entre Madrid y Londres, donde actualmente tiene fijado su domicilio fiscal, lo cual resulta curioso, pues el pago de impuestos allí es mucho menor con respecto a lo que tendría que pagar si su domicilio fiscal radicara en Madrid.
Su patrimonio ha disfrutado de un vertiginoso aumento al amparo del entramado Capio y de fuertes operaciones especulativas por las que ha ganado millones de euros. Las remuneraciones que percibe como consejero del entramado Capio superarían escandalosamente el salario del presidente del gobierno.
A través de un entramado de sociedades es propietario de numerosos inmuebles destinados a la especulación. La mayoría de ellos son antiguos palacios declarados bienes de interés cultural de gran valor histórico en Asturias. El hecho de que su socio Celso González haya comprado recientemente la cadena hotelera Grupo Playa Sol (intervenida tras la detención hace meses de su propietario Fernando Ferré) sumado al hecho de que los palacios permanezcan cerrados y sin actividad alguna podría sugerir la posibilidad de que Víctor Madera, a través de la empresa Paisajes de Asturias SL, pretenda destinar los mismos al negocio hotelero. A continuación se muestran algunas de sus propiedades inmobiliarias:
Palacio Villa Excelsior (Luarca)
Palacio Torres de Donlebún (Barres)
Palacio de Trenor (Figueras)
Palacio Torres de los Morenos (Ribadeo)
Marques de Santa Cruz (Oviedo)
Palacio de los Duques de Estrada (Llanes)
Finca de más de 200.000m² (Formentera)
Casa de campo en Fresnedillas de la Oliva (Madrid)
C/ Valenzuela, (Madrid): en el mismo edificio posee 3 apartamentos de grandes dimensiones
Urbanización Calo Del Real. Sant Josep de Sa Talaia (Islas Baleares): mansión de lujo en primera linea de playa.
Víctor Madera no solo forma parte del entramado de Capio sino que es propietario o participa en el consejo de administración en calidad de presidente de numerosas empresas. A continuación se muestran una lista de sociedades en las que participa a título particular:
PAISAJES DE ASTURIAS empresa dedicada a la compra de palacios de gran valor histórico y cultural en Asturias.
INABOL AHORRO SL. Compra, venta, suscripción, tenencia, gestión y administración de acciones, participaciones o valores, por cuenta propia.
GLOBAL HATTINA SL. Asesoramiento en materia económica, contable y financiera. Así como a participación en proyectos industriales y comerciales mediante la suscripción de acciones y participaciones de sociedades mercantiles.
COMPAÑIA ALGARVE 2005 SA. Dedicada a la compra, construcción, promoción, venta, cesión, arrendamiento, administración y cualquier otra forma de explotación de toda clase de bienes inmuebles.
INICIATIVAS DE ASESORAMIENTO MEG SL. Adquisición, transmisión y enajenación de toda clase de acciones, bienes, obligaciones, participaciones y derechos con exclusión de las actividades reguladas en la ley del mercado de valores
CONDOMINIO ONCE DE NOVIEMBRE S XXI SL. Realización de todo tipo de actividades de instalación eléctrica, fontanería, agua caliente, calefacción y aire acondicionado, incluidas en las mismas la redacción de proyectos, ejecución material de obra y expedición de certificaciones. Ha llevado a cabo obras en hospitales y centros sanitarios.
AULAMUNDI SL. Conformar o ser parte de instituciones de educación en las que se impartan todas o algunas de las enseñanzas y niveles permitidos en la legislación del país en que radiquen.
GAMBIOA 2000,SL cuyo objeto social es la adquisición, construcción, ejecución, promoción, traspaso, cesión, restauración, reparación y explotación de toda clase de bienes muebles e inmuebles o servicios urbanísticos.
COMPAÑIA INMOBILIARIA Y PROMOTORA DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y AMERICA DEL SUR, SA Adquisición, cesión, arrendamiento, tenencia, disposición, transformación, administración y disfrute de toda clase de inmueble.
Como presidente de Capio en el Estado español su nombre aparece en las empresas que Capio ha creado o comprado para poder explotar el ámbito sanitario:
IBÉRICA DE DIAGNÓSTICO Y CIRUGÍA
CAPIO SERVICIOS SL.
Además, Víctor Madera ha formado parte de las siguientes empresas, en las que ya no participa en su órgano de dirección o bien lo hace en la sombra:
La empresa en la que participa Víctor Madera, Iniciativas de Asesoramiento MEG, tiene acciones en la empresa Investment Circle Germany-Spain S.A. El accionista mayoritario de esta empresa es Partner SL propiedad de Amancio Ortega. ¿Algunas de la anteriores empresas tiene vinculación con las Islas Caimán? De ser así exigimos explicaciones de los motivos que puede llevar al futuro responsable de la gestión de la sanidad pública a relacionarse con dicho paraíso fiscal.
Conociendo quién es Víctor Madera y sus intereses en la sanidad pública conviene saber cómo funciona Capio y los riesgos que conlleva su futura gestión de hospitales y centros de salud. A continuación se muestra un breve resumen de sus papel en la actualidad.
¿Quién es Capio?
Capio es una empresa de capital riesgo dedicada a la especulación, radicada en las Islas Caimán. Capio ya es propietaria de parte de la sanidad pública española mediante la gestión y explotación de hospitales, centros de especialidades y centros de salud obteniendo enormes beneficios a costa de disminuir la calidad del servicio público, convirtiendo la salud en un negocio. Recientemente Capio España ha cambiado su nombre por IDC (Ibérica de Diagnóstico y Cirugía).
En el año 2011 Capio facturó algo más de 673 millones de euros. En torno al 75% de esa cifra salió de las arcas públicas. Más de 500 millones procedentes de conciertos, concesiones y convenios con las administraciones.
La opacidad de este grupo empresarial impide conocer quiénes son sus accionistas reales. A través de un entramado de 5 empresas llamadas CVC european equity Partners, con sede en el paraíso fiscal las Islas Caimán es propietarias de HCL Holdings Sàrl. A su vez ostenta el 100% del capital social de HCI SA y esta es propietaria de HC Investment Sàrl y HC Investment BV todas ellas con sede en otro paraíso fiscal, Luxemburgo. Esta última es la única accionista de Capio sanidad Holding SL que a través de Desarrollos empresariales Piera SL posee las 10 empresas que explotan los servicios sanitarios públicos construidos con el dinero de la ciudadanía.
El objetivo de las empresas de capital riesgo es obtener el máximo beneficio de sus inversiones en el menor tiempo posible. Es inaceptable que la gestión de la salud pública caiga en manos de especuladores ajenos a las necesidades sanitarias de la población. Este entramado de empresas no sólo especula con la sanidad, sino que participa en negocios inmobiliarios, inversiones especulativas, infraestructuras, telecomunicaciones, industria farmacéutica y todo aquello que pueda ofrecer sumas millonarias en poco tiempo.
En la actualidad Capio gestiona además de numerosos centros de especialidades, los siguientes hospitales:
Hospital de Valdemoro
Hospital Puerta de Hierro
Uno de los mayores escándalos en cuanto a relación público-privado se refiere, es el Hospital de Villalba. Este centro construido por la administración pública permanece cerrado, y sin embargo Capio recibe mensualmente de la Comunidad de Madrid 900.000 euros para unos gastos no justificados. Para su explotación se formó una sociedad snónima constituida por Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, Hospital Sur S.L., F.Fortwart y Ghesa Ingenieria y Tecnología S.A. Estas dos últimas no están en absoluto relacionadas con la actividad sanitaria, de hecho F.Fortwart es un pequeño estudio de arquitectos que trabaja habitualmente con Víctor Madera y Ghesa Ingenieria y Tecnología S.A. se dedican entre otras actividades a la energía nuclear.
Capio no ha estado exenta de polémica en los centro públicos que ya gestiona. Personal sanitario ha denunciado presiones para derivar pacientes graves que requieren una atención por la que obtendrían menores beneficios económicos a hospitales de exclusiva gestión pública así como derivar la realización de pruebas diagnósticas a centros privados. Numerosas pacientes han constatado chantajes para someterse a operaciones leves en centros concertados con la excusa de disminuir la lista de espera.
Además, Capio ha mostrado reiteradamente interés en la compra de su máximo competidor Ribera Salud. Si esta compra llega a consumarse ostentaría el monopolio de la privatización de la sanidad en todo el Estado.
No queremos amenazar ni coaccionar pero consideramos legítimo informar a la ciudadanía, en un ejercicio de nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión (recogido en el artículo 20 de la Constitución Española), del deterioro evidente que las políticas de privatización suponen sobre el acceso a una sanidad pública, gratuita y universal, derecho humano recogido en el artículo 25 de la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Por ello queremos señalar y poner cara tanto a aquellos que aprueban la legislación que permite la entrada de empresas en la sanidad (que comienza con la aprobación de la Ley 15/97 gracias a los votos a favor de PP, PSOE, CiU, PNV y CC) como a aquellos que pretenden lucrarse a costa de la salud y los impuestos de todos. Informaremos, por tanto, a nuestros conciudadanos de quiénes son los responsables de esta política privatizadora, por la cual unos pocos se lucran ilegítimamente a costa de menoscabar los derechos humanos, en cualquier espacio público en el que hagan acto de presencia, véase cuando los gerentes lleguen a los centros de salud u hospitales que traten de privatizar.
El permitir que Capio continúe recibiendo concesiones por parte de nuestra Administración es inadmisible. La manifiesta opacidad de la empresa y de sus responsables, la experiencia acumulada en los hospitales que llevan años siendo de gestión privada aun financiándose con dinero público, así como toda la información que ha sido posible obtener en este informe nos muestra que el único objetivo de la privatización y la entrada de Capio en la sanidad es la especulación con nuestra salud.
Llevamos meses oyendo hablar del gasto que supone sostener nuestro sistema sanitario, cuando la salud es una de las mayores inversiones sociales que tenemos. Ninguna empresa como Capio va a tener interés en gestionar un servicio que no le reporte beneficios económicos, y este simple hecho nos muestra las verdaderas intenciones que hay tras su interés por la sanidad madrileña.
Y aun entrando en el discurso del gasto y del ahorro, no existe informe alguno que acredite que la gestión privada sea más barata. De hecho los estudios que sí se han hecho comparando sistemas de gestión pública y sistemas de gestión privada han demostrado que la privatización encarece los servicios prestados y reduce la calidad de las prestaciones; ya que el fin último es el beneficio económico y no el beneficio social.
Es intolerable que los rendimientos económicos primen por encima de la salud y la vida de las personas. La salud es un derecho fundamental, y es por esto que no permitiremos la privatización de uno de los sistemas sanitarios que sirve de referente para muchos países del mundo.
Profesionales de la sanidad y pacientes nos unimos para hacer pública esta información.
¡La sanidad no se vende, se defiende!
Juan Cotino, presidente de las Cortes valenciana, figura entre los donantes del PP con una aportación de 200.000 euros (el 11 de marzo de 2004) vinculada a la sociedad Sedesa, de la que es responsable su sobrino Vicente Cotino. La compañía recibió ese año adjudicaciones públicas por valor de 61 millones de euro (44 del ayuntamiento y 16 de la comunidad), según el informe que la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) ha entregado al juez Pablo Ruz, que instruye el ‘caso Gürtel’ y la pieza separada del mismo con los ‘papeles de Bárcenas’. El dirigente popular se incorporó ese año al ejecutivo de Francisco Camps como consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, y entre 1991 y 1996 fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia.
Sedesa forma parte del grupo de doce empresas que entre 2001 y 2011 fueron adjudicatarias de 1.203 contratos de administraciones públicas controladas por el PP por un importe de 11.913 millones de euros. En ese mismo periodo, las mencionadas compañías donaron al partido 4,5 millones de euros, según la información recopilada por la Policía. En el caso de Sedesa, las adjudicaciones autonómicas y locales ascendieron a casi 273 millones de euros.
“Del volumen de contrataciones examinado destaca como el monto más importante en cuanto adjudicaciones de carácter autonómico y local se producen en la Comunidad Valenciana, de donde es originario el grupo empresarial SEDESA”, dice el informe de la UDEF. Los investigadores ponen como ejemplo la adjudicación por la empresa pública Consorcio Valencia 2007 de un contrato por importe de 44.666.550 euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que formaba parte Sedesa. “De la suma total del importe de los contratos examinados, cuya relación ha sido aportada por el Ministerio de Hacienda, correspondiente a los años 2002 a 2011, que asciende a la cifra de 426.617.118 euros, la cantidad de 272.803.317 euros corresponden a adjudicaciones de carácter autonómico y local, en zonas cuyos responsables políticos están vinculados a la formación Partido Popular, lo que hace un 63,94% del total.
La contratación más importante con Sedesa se produjo en 2007, con adjudicaciones que sumaron 73 millones de euros, de los que 72,5 millones corresponden al Gobierno Autonómico. Tras ésta la ya referida de 61 millones, y ya a considerable distancia las que recibió en 2009 por importe de 35 millones. Se da la circunstancia de que Vicente Cotino está imputado en el ‘caso Gürtel’ sobre la supuesta financiación ilegal del PP.
Juan Cotino fue director general de la Policía con Jaime Mayor Oreja como ministro del Interior entre 1996 y 2001, año en que fue nombrado delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Tras la derrota de su partido en los comicios de 2004 se incorporó al ejecutivo de Francisco Camps como uno de sus hombres de confianza. Días atrás protagonizó un desencuentro con Jordi Évole en su programa “Salvados”. El periodista le preguntó por el accidente del metro de Valencia ocurrido en 2006 que ocasionó 43 víctimas mortales, sin que desde entonces se hayan depurado responsabilidades. “No le quiero responder a usted sobre este tema”, dijo el presidente de las Cortes. Cotino es miembro del Opus Dei y deja constancia de su religiosidad tanto en su blog como en Twitter. En éste se pueden leer tweets en los que escribe, por ejemplo: “Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica”, “Viva el Papa” u “Oremos por el Papa”.
El informe de la Policía Judicial que analiza las relaciones entre los papeles de Bárcenas y el caso Gürtel identifica al empresario Ignacio Javier López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, como uno de los presuntos donantes del partido conservador. El documento, que tiene fecha del 29 de abril, especifica que en 1997 y en 1998 el marido de Cospedal aportó un total de 114.192 euros al PP.
Una vez que la Policía Judicial ha identificado a López del Hierro como uno de los presuntos donantes del PP los agentes le solicitan al juez que solicite a la Agencia Tributaria que aporte toda la documentación relativa a las operaciones económicas realizadas por dos empresas vinculadas al empresario Ignacio Javier López del Hierro, marido de la secretaria de Organización del PP, María Dolores de Cospedal. Estas dos sociedades son Metrovacesa, en la que López del Hierro fue consejero ejecutivo entre 2003 y 2012; y Constructora Continental, en la que el marido de Cospedal es, según la Policía, apoderado desde 1991. Entre 1991 y 1994 ocupó los puestos de vicepresidente y consejero.
Y la Policía pide al magistrado que instruye el caso Gürtel que requiera a las empresas de López del Hierro para que informe de todas las adjudicaciones públicas acordadas por las diferentes administraciones, a semejanza de las empresas relacionadas con los ocho empresarios imputados.
Y es que si resultara que fuera verdad, tal como figura en el manuscrito del ex tesorero Luis Bárcenas, hasta hace nada amigo del alma, entre otros de Arenas, que además de los sobresueldos en A también numerosos dirigentes han cobrado en B, el suicidio político del PP está servido. Arenas lo sabe y lo que quizá sucede es tan simple como que ni el ni los suyos, saben como salir de esta pesadilla. No es para menos.